En junio pasado, el gobierno de Mariano Rajoy logró que se aprobara la ley que puso fin a la vigencia formal de aquel remoto documento al otorgar nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV. Ganó concreción así un anuncio formulado en 1992 por el entonces rey Juan Carlos I. Al rememorar lo sucedido 500 años atrás, afirmó: "No debemos decir que los judíos en Sefarad [topónimo de España en hebreo] se sienten como en casa, porque los hispanos judíos están en su casa".
Cuenta una leyenda acuñada hace ya mucho que los judíos echados de España, tras habitar su suelo durante más de mil años, guardaron al partir una copia de las llaves de sus hogares. Esas llaves, al igual que la lengua ladina que con ellos se llevaron, fueron legadas de generación en generación. Así dieron sostén simbólico a la esperanza de regresar algún día a su añorada Sefarad. Herrumbradas esas llaves por el tiempo, no lo fueron por el olvido. La memoria de lo perdido no se debilitó en esa larga descendencia. La posibilidad del retorno, finalmente, se ha hecho realidad. Quien así lo desee y pueda probar razonablemente que proviene de un expulsado del siglo XV recibirá un pasaporte español. Entre las palabras "llave" y "pasaporte" no hay, en esta ocasión, mayor distancia. Más aún: ellas pasan a ser sinónimos para los sefaradíes de nuestro tiempo que, residiendo en distintas partes del mundo, aspiren a obtener la nacionalidad española. Una y otro están hechos para facultar el ingreso, recordar una proveniencia y legitimar una identidad.
Isaac Querub preside la Federación de Comunidades Judías de España. En ella se encuentran registradas 50.000 personas, sefaradíes en su mayoría. Viven en España sin que para eso fuese necesario un decreto habilitante. Allí están desde los años del franquismo. La nueva ley, en consecuencia, responde a otro imperativo que facultar el restablecimiento de los judíos en el país. Se trata de una reparación moral. Se trata de saldar una cuenta pendiente que la memoria política de España mantenía consigo misma.
A juicio de Querub, la ley ahora aprobada por el Parlamento español "rectifica un error histórico y [con eso] se hace justicia". Me pregunto si se trata de un "error histórico". ¿Podemos juzgar con parámetros actuales decisiones tomadas más de cinco siglos atrás? Por supuesto, no se trata de justificarlas, y menos aún de coincidir con ellas. Se trata de entender las circunstancias y las perspectivas en juego que les dieron origen. ¿Hubiera podido la España católica del siglo XV alcanzar su cohesión interna y desplegar luego sus ambiciones imperiales entre fines de ese siglo XV y casi todo el siguiente sin que mediara en ese proceso el ideal de la homogeneidad religiosa? La historia contrafáctica alienta la especulación imaginativa, pero también promueve una desmesurada propensión a creer que los hechos de ayer podrían haber sido de otra manera. No es así. Son como fueron y sus causas tienen la explicación que les brindan su momento y su contexto. Nada nos obliga a coincidir con ellas. Pero no se las puede relativizar especulativamente ni se las puede desconocer. Lo mismo vale para el presente. España llega a reconciliarse formalmente con los judíos en el siglo XXI porque ya es una nación plenamente constituida y democrática. A diferencia de lo que sucede en otros Estados europeos, ninguna de sus fuerzas políticas necesita recurrir al antisemitismo para afirmarse en el escenario del poder.
De igual modo, también el catolicismo en el siglo XX supo buscar la reconciliación con los judíos. Fue decisivo su pedido de perdón a quienes condenó y persiguió incansablemente. Y eso tuvo lugar porque la Iglesia ha reconocido cuáles son hoy las fronteras de su credibilidad pública y los desafíos tanto teológicos como políticos que en el presente le plantea su porvenir. Por eso, a mi entender, la España moderna no podía rehuir la necesidad de invalidar la vigencia simbólica que aún seguía teniendo aquel decreto de 1492. Debía hacerlo mediante una ley de igual envergadura. Y así fue. Con eso, no alteró su pasado. Lo que hizo fue modificar la incidencia simbólica de ese pasado sobre su presente al declarar españoles reconocidos a quienes provienen de aquellos judíos que fueron desconocidos como españoles.
También en Israel produjo conmoción esta ley de reparación moral. Se estima allí en 3.500.000 a los potenciales beneficiarios de la resolución. Es decir, casi la mitad de la población del país. Es factible que no falten entre ellos quienes se entusiasmen con la idea de contar con doble nacionalidad. Más tarde o más temprano podrían hacer uso de ese privilegio. El panorama económico y laboral sigue siendo más propicio en Israel que en España. Pero la guerra, que no deja de minar la fe de muchos en una vida normal para el Estado judío, podría obrar como un factor determinante en la valoración de ese pasaporte inesperado.
Por lo demás, es preciso no olvidar lo que se hizo si se quiere apreciar debidamente lo que ahora se hace. Sólo así la trascendencia de esta medida podrá ser ponderada en su real magnitud. Más de 150.000 judíos se vieron forzados a abandonar España entre el 31 de marzo y el 31 de julio de 1492. Dejaron el reino tras soportar las imposiciones de la persecución, el tormento físico, la degradación moral y la extorsión económica. La expulsión fue aconsejada a los reyes por el Santo Oficio. Torquemada, jefe de la empresa inquisitorial, concluyó que su faena no había surtido los efectos buscados. Los conversos seguían secretamente apegados a su vieja religión. Dos mil judíos quemados en plaza pública entre 1480 y 1492 no aleccionaron a esa comunidad "empecinada en el mal". La brutalidad de los procedimientos empleados por la Santa Inquisición llegó a oídos del papa. El Tribunal de Sevilla, escribe escandalizado Sixto IV a los reyes católicos, bien lejos está de obrar con "el fervor por la fe y la preocupación por salvar almas". Todo lo contrario, afirma el papa. Para pesar de la Iglesia, lo mueven en su proceder, además de la crueldad, "la codicia y el espíritu de lucro". De nada sirvió esa queja que fue también una denuncia. Torquemada jamás perdió el respaldo de los reyes.
No faltaron en la época las plumas prestigiosas de quienes aplaudieron los procedimientos aplicados por Torquemada y la firmeza con que Fernando e Isabel expulsaron a los judíos.
Pico de la Mirandola, celebrado humanista italiano, no dudó en afirmar que "aquel rey cristiano entre los cristianos [Fernando de Aragón] se sitúa [por lo que hizo] por encima de todas las alabanzas". Maquiavelo tampoco ahorra elogios a los reyes por librarse de los "marrani". Ya se sabe que, para el autor de El príncipe, la religión no fue otra cosa que una herramienta de la política. Asegura Maquiavelo que Fernando el católico la utilizó como nadie. Fue el creador del gran Estado español. Y para lograrlo y superar el odioso obstáculo judío, no vaciló en recurrir a la "pietosa crudeltà".
La ley del pasado mes de junio opera, como dije, en un orden simbólico. Pero también lo hace en un plano político. Sus efectos sociales son evidentes. Y aun sus efectos psicológicos. Impide que la última palabra de la monarquía en torno a los judíos la siga teniendo, formalmente hablando, un edicto que acumula más de medio milenio de antigüedad y que menoscaba la significación de los judíos como parte constitutiva de la ciudadanía española. Se trata de un paso gigantesco. No derrota el prejuicio antisemita, pero lo impugna rotundamente mediante una voz innovadora. No solicita el perdón de quienes descienden de los judíos afectados, pero se reconoce en ellos y los nombra como expresión de su propia identidad nacional. Hace lugar, repito, a una reparación moral y revela una conciencia autocrítica profunda. Una revalorización innegable de los condenados de ayer en la persona de quienes hoy perpetúan su memoria. Evidencia, en suma, la decisión de reconocerlos como expresión de una España plural, abierta a su propia heterogeneidad.